En una carta de tres páginas el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le solicitó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo que se rectifique de las declaraciones hechas a los medios de comunicación el pasado martes en las cuales cuestionó el hecho que los familiares del ingeniero Ramón Cabrales le pagaran al ELN por su liberación.
En la misiva, el jefe del Ministerio Público asegura que el jefe de la cartera política debe ofrecer excusas públicas por tales afirmaciones en las cuales indicó que no se descartaban consecuencias legales por parte de los familiares del ingeniero por pagarle a los secuestradores. En este sentido indicó que no se puede cuestionar la actitud de la familia de Cabrales.
«El Estado colombiano fue incapaz de garantizar los derechos a la libertad, la integridad y la vida de esta persona y ahora sugiere que podrían asumir consecuencias jurídicas para salvar la vida del secuestrado», precisa uno de los apartes de la carta. Para Ordóñez las declaraciones del Ministro causan indignación.
En este sentido considera que se quiere convertir a la víctima en victimario, hecho que no puede ser admitido. Más grave aun si se tiene en cuenta que durante años la familia del ingeriero ha tenido que sufrir el secuestro extorsivo de varios de sus seres queridos, situación que lo ha puesto en una situación de vulnerabilidad.
«Frases que pueden llegar a construir una nueva victimización, luego de pretender utilizar indebidamente la liberación como un «gesto de paz» para valorar la negociación pública con el ELN», indica. Debido a esto pide que se tomen las mendidas necesarias de lo que considera un daño tanto para el ingeniero Cabrales como para su familia.
«Dada la gravedad del caso, es prudente que el Gobierno Nacional repare el daño que esa afirmación genera en la familia Cabrales y en miles de víctimass similares; para hacerlo, en aras de los derecho que los que son titulares, siugiero, de la manera más comedida, se presenten disculpas públicas y el compromiso de que tal actitud nunca se vuelva a repetir», señala.
Agrega que la Corte Constitucional consideró hace más de dos décadas que no se puede considerar un delito el pago de un rescate o una liberación de un secuestrado, puesto que en una situación personal extrema que no puede ser castigada por el propio Gobierno que tiene la obligación de brindarle protección y seguridad a los ciudadanos.
Califica que es una carga adicional injustificada la presión frente al hecho que si se paga por una liberación pueden estar inmersas en problemas legales y jurídicos «ante la incapacidad del Gobierno Nacional de garantizar la libertad y la vida del secuestado».
«La familia Cabrales ha sido perseguida inmisericordemente por el secuestro. En 1998 un tío murió en cautiverio en manos de las Farc y la familia nunca recibió su cadáver para darle santa sepultura. Tres años después otro familiar también falleció estando secuestrado por el mismo grupo. La barbarie se ha ensañado a tal grado que en este último caso el cadáver fue canjeado por un hermano para garantizar el pago de la extorsión», precisa.