Ley del Montes: La mala hora de Santos

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1b_miembros_de_la_farc_vistan_la_guajira_1POR:  ÓSCAR MONTES – @LEYDELMONTES

La “socialización armada” de las Farc en el corregimiento de Conejo, La Guajira, se sumó a los escándalos de la venta de Isagén, los sobrecostos de Reficar y la corrupción en la Policía,terminaron por llevarlo a sus peores niveles de aceptación.

La aprobación de la gestión del presidente Juan Manuel Santos alcanzó su nivel más bajo desde que llegó a la Presidencia en 2010. De acuerdo con la más reciente encuesta de Yanhaas, el Jefe del Estado cuenta con apenas el 16 por ciento de respaldo por parte de los colombianos. Se trata de una precaria cifra que –con toda razón– tiene muy preocupado al Presidente y a su equipo de gobierno. Ningún mandatario en América Latina gobierna con tan poco apoyo popular, ni siquiera Nicolás Maduro en Venezuela, que ya es mucho decir.

En Colombia ningún Presidente había gobernado con tanta precariedad. En pleno proceso 8.000 –sin duda el mayor escándalo que ha debido afrontar un mandatario colombiano– Ernesto Samper nunca estuvo por debajo del 20 por ciento de respaldo. Igual sucedió con Andrés Pastrana en tiempos de la negociación con las Farc en el Caguán, quien siempre estuvo por encima del 20 por ciento de aprobación de gestión. Santos superó a los dos. Con el agravante que su peor momento coincide con la fase de resolución de los diálogos de La Habana, que deben ser refrendados por los colombianos y que –más que un espaldarazo a la negociación con las Farc– se convertirá en una evaluación al Presidente de la República.

Y si las cosas para Santos no mejoran, ese ínfimo respaldo podría traducirse en el hundimiento del SI en la consulta plebiscitaria que busca blindar los acuerdos de La Habana, puesto que resulta casi imposible que los colombianos salven una consulta popular que sea liderada por un Presidente al que muy pocos apoyan. En plata blanca ello significa –ni más ni menos– un posible entierro de tercera a la carta con que Santos se jugó un lugar en la historia.

Pero las torpezas cometidas en el manejo de los asuntos de La Habana no son las únicas decisiones que tienen a Santos viviendo su peor momento en lo que tiene que ver con el respaldo popular. Los botones de muestra sobre ese particular ya son tantos que el Presidente puede empezar a confeccionar un enorme collar: venta de Isagén, escándalo de Reficar, escándalo de la Policía Nacional y el más reciente: la presencia de los jefes de las Farc en el corregimiento de Conejo, La Guajira, donde de forma abierta y retadora realizaron actos de proselitismo armado ante la población civil, lo que no sólo significó una flagrante violación a la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente el proselitismo armado, sino que se tradujo en una mayor desconfianza en los verdaderos alcances de los diálogos de La Habana. De manera que con tantos escándalos, lo que llama la atención es que Santos no esté gobernando por debajo del 16 por ciento.

La gobernabilidad de un Presidente depende no sólo de los acuerdos que logre con los distintos sectores políticos, sino del respaldo popular que tenga su gestión. Los solos acuerdos políticos con los distintos partidos y movimientos no alcanzan si no están acompañados de una amplia aceptación del gobernante. Y en el caso de Santos, su pobre respaldo lo vuelve vulnerable no solo ante los miembros de la llamada coalición de gobierno –que aprovechará su debilidad para sacar unas buenas tajadas burocráticas y en materia de contratos- sino ante las Farc que buscarán capitalizar a su favor en la mesa de negociación la fragilidad de Santos.

De hecho, lo ocurrido en Conejo, La Guajira, podría interpretarse como una demostración de fuerza por parte del grupo guerrillero ante un Presidente que cada día pierde mayor respaldo popular. En ese sentido, la presencia armada de las Farc en La Guajira –más que una salida en falso de los jefes guerrilleros- fue una medida de aceite a un gobierno que ellas consideran demasiado frágil.

La respuesta de Santos el viernes pasado desde Manaure, La Guajira, en la que anunció que las Farc “no están preparadas para la paz”, luego de conocer de la presencia armada de los jefes del grupo guerrillero en Conejo, fue la mejor manera que encontró el jefe del Estado para tratar de enviar un mensaje certero que le permita recuperar el terreno perdido en materia de respaldo popular.

Los escándalos de la venta de Isagén, de los sobrecostos en la construcción de la refinería de Cartagena (Reficar) y de la Policía Nacional, también terminaron por afectar el respaldo a la gestión de Santos y lo pusieron a vivir su propio calvario. De ninguno de ellos salió bien librado. Del primero, los colombianos siguen sin entender las razones que tuvo el Gobierno para vender la principal generadora del país a un único comprador y por un precio que estuvo muy por debajo del que el propio Gobierno aspiraba a vender ese activo. Del segundo, el escándalo de Reficar -que el Gobierno pretendía endozárselo en su totalidad a Álvaro Uribe– terminó siendo una especie de boomerang que podría llevar a varios funcionarios de Santos a rendir cuentas ante los organismos de control.

Y por último, el escándalo de la Policía –que le costó la cabeza al director de la institución, general Rodolfo Palomino– terminó por salpicar a Santos, quien no sólo demoró en separar del cargo al alto oficial, sino que descalificó como simples “chismes” las denuncias de La Fm de RCN Radio. ¿Qué tanto afectan los escándalos la gobernabilidad de Santos?

Proselitismo armado de las Farc: ¿reto al Gobierno?

Que el Gobierno se declare sorprendido por el hecho de que las Farc hayan aprovechado un evento para “socializar” los acuerdos de La Habana y hacer proselitismo político armado, causa asombro, puesto que dicho evento contó con el visto bueno del propio Gobierno, como bien lo reconoció el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, al anunciar la suspensión de nuevos actos para por parte de los jefes de ese grupo guerrillero. Es decir, el Gobierno sabía muy bien que en Conejo, La Guajira, las Farc harían presencia para hablar de las bondades de la negociación. No era, pues, un acto clandestino. De hecho, los jefes guerrilleros llegaron en carros blindados y protegidos por sus cuerpos de escoltas. Pero lo que –al parecer– ignoraba el Gobierno es que las Farc aprovecharían la ocasión para involucrar a la población civil en un evento que tenía como propósito inicial el de transmitirle un mensaje tranquilizador a los guerrilleros rasos. La socialización debía ser hacia los combatientes de las Farc y no hacia los habitantes de Conejo. Punto. Pero socializar los acuerdos de La Habana con fusiles terciados al pecho y con armas de largo alcance es en el mejor de los casos un perverso e intimidante mensaje hacia la población civil.

La torpeza de las Farc, sin embargo, no exonera de responsabilidad al Gobierno, que debió establecer los términos en que debería llevarse a cabo la socialización de los acuerdos, así como el cumplimiento de las reglas establecidas. En este caso no ocurrió ni lo uno ni lo otro. A la postre el gran damnificado fue Santos, que debió salir el viernes en la tarde desde Manaure, para tratar de calmar las aguas, cuando ya las redes sociales estaban desbordadas de mensajes en su contra.

¡No hay lugar para el proselitismo armado!

El tono altisonante del presidente Santos en su intervención en Manaure –en la que afirmó que el Gobierno no permitirá el proselitismo armado por parte de las Farc y cuestionó su compromiso de paz– fue la respuesta del Jefe del Estado a un acto provocador por parte de los jefes de esa organización subversiva. Pese a la gravedad de los hechos, los voceros de las Farc –entre ellos alias Jesús Santrich y alias Joaquín Gómez– pretendieron bajarle los decibles a los hechos y restarle importancia, al afirmar que para ellos no se trató de un evento de “proselitismo armado”. Si para las Farc “tomarse” un corregimiento con centenares de hombres armados hasta los dientes y arengar a la población desde la plaza del pueblo, no es proselitismo armado, entonces que nos digan qué es para ellas hacer proselitismo armado.

Tienen que entender los jefes guerrilleros que para hacer política en Colombia deben hacer dejación de las armas. No hay alternativa. O siguen armadas desde el monte o dejan las armas y hacen política desde la plaza pública. Pero no pueden hacer política armada desde la plaza pública. En ese sentido llama la atención –y preocupa– que los negociadores del Gobierno en La Habana no hayan sido lo suficientemente claros y contundentes en esa advertencia. En su momento el M-19 y la Corriente de Renovación Socialista y el EPL –todos desmovilizados y reinsertados a sociedad– también sintieron temor de dejar las armas. Pero lo hicieron y mantuvieron su voluntad de paz hasta el final. La ostentación de armamentos en Conejo, La Guajira, fue –sin duda– el peor mensaje de las Farc a un país que desea que por fin digan adiós a las armas.

Escándalo en la Policía, otra cuenta de cobro a Santos

El presidente Santos y su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dejaron que el escándalo en la Policía –denunciado por Vicky Dávila en La F.m de RCN Radio, Claudia Morales de Caracol Radio y Daniel Coronell– relacionado con presunto enriquecimiento ilícito por parte de altos oficiales de la institución, encabezados por el general Rodolfo Palomino– se creciera demasiado y cuando reaccionaron ya la opinión pública tenía suficiente ilustración sobre el escabroso tema, incluyendo la publicación de un video que comprometía a un oficial de la Policía y a un exsenador de la República y viceministro en ejercicio.

Este último debió renunciar en medio del escándalo. La separación del cargo del general Palomino –como fue solicitada en su momento por diversos sectores de la sociedad– no significaba una condena para el alto oficial, pero sí pudo evitarse que la institución bajo su mando se viera comprometida, como en efecto sucedió. Hoy la Policía no solo es objeto de burlas de todo tipo, sino que su credibilidad se ha visto comprometida. La tardía renuncia de Palomino afectó a la institución a la que prestó sus servicios por más de 35 años.

El escándalo de la Policía terminó –obviamente– pasándole cuenta de cobro a Santos, quien al no reaccionar a tiempo y al banalizar las denuncias, al calificarlas como “chismes”, dejó que el problema se creciera.

Isagén y Reficar, ¿a espaldas de Santos?

A la hora de buscar una explicación para tratar de entender el irrisorio 16 por ciento de respaldo a Santos en la encuesta de Yanhaas, habría que meterle la lupa a la venta de Isagén y al escándalo de Reficar. Curiosamente, en ambos Santos pretendió salir del embrollo echándole el agua sucia a su antecesor y en ninguno de los dos casos le funcionó la estrategia. Sobre la venta de Isagén dijo que Uribe también había pretendido venderla, aunque pasó por alto que nunca lo hizo.

Y sobre Reficar, Santos afirmó que el “pecado original” se cometió en el gobierno de su antiguo jefe, pero también pasó por alto que en ese tiempo él hacía parte del gabinete en calidad de Ministro de Defensa. Santos debe saber que gobernar con el retrovisor no es sano, sobre todo cuando se lleva más de cinco años en el gobierno. Es indudable que en los sobrecostos de Reficar hay no solo desgreño administrativo, sino mala planificación e –incluso– actos de corrupción. Santos pretendió salir del lío responsabilizando a su antecesor de todos los pecados, pero olvidó que él hizo parte de ese gobierno y que no puede salvarse de su buena dosis de agua sucia. Los hallazgos de la Contraloría General e incluso de la Fiscalía, que salió presurosa a exonerar al ministro Cárdenas y al ex ministro Echeverry, deberán establecer responsabilidades de los protagonistas del escándalo. Sólo en ese momento se sabrá con exactitud quiénes son culpables y quiénes inocentes de los multimillonarios sobrecostos.

Lo que no puede suceder es que Santos pretenda convertirse en juez y parte de unos hechos en los que es protagonista de primer nivel, puesto que -parodiando a uno de sus antecesores en la Presidencia de la República– ninguno de ellos ocurrió a sus espaldas.

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