Hay que revisar la ley que previene y sanciona el acoso laboral

Bogotá, marzo 27 de 2016. El reciente incidente entre el Defensor del Pueblo y su exsecretaria privada, puso en evidencia la necesidad de revisar la ley que sanciona el acoso laboral en el país, según Iván Daniel Jaramillo Jassir, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

Para el académico, el procedimiento previsto en la Ley 1010 de 2006 para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral, carece de instrumentos que hagan efectivos los mecanismos de corrección del acoso al interior de las organizaciones.

“Las medidas de prevención centralizadas en los Comités de Convivencia Laboral bipartitos  (trabajadores-empleadores) que existen al interior de las empresas, constituyen instancias de conciliación a las que les hacen falta herramientas de solución de los diferendos sometidos a su consideración”, señaló Jaramillo.

Aunque el Ministerio del Trabajo tiene como función en esta materia conminar al empleador a adoptar los mecanismos de prevención y, en últimas, interponer multas para el cumplimiento de la actividad de inspección, vigilancia y control de la normativa laboral, no tiene facultades de reconocer derechos a las víctimas de acoso laboral.

“El procedimiento judicial o disciplinario carece de instrumentos de reparación efectiva a las víctimas de acoso -explicó Jaramillo-, ya que en el sector privado se mantiene el derecho a la indemnización por despido en los casos de renuncia derivada del acoso, que asciende en el mejor de los casos a un mes de despido por el primer año laborado y 20 días por cada año adicional, al tiempo de limitarse a calificar como falta disciplinaria gravísima del servidor que incurra en acoso laboral sin ningún mecanismo de reparación a la víctima”.

Para el profesor de la Universidad del Rosario, las garantías contra actitudes de retaliación que prevén el despido de quienes inician un procedimiento de acoso laboral contempladas en la Ley 1010 son poco eficaces, dada la deficiente redacción de la norma que redunda en dificultades al momento de determinar su alcance y aplicación.

 

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