Polémica por nuevo contrato de Natalia Springer para construcción de viviendas de interés social

Natalia-Springer

BOGOTA, 19 de Noviembre_ RAM_ Una nueva polémica se enciende en el caso de la politóloga, Natalia Srpinger, quien ahora se vuelve a encontrar en el ojo del huracán por un contrato con el Estado, esta vez, relacionado con Viviendas de Interés Social.

De acuerdo con la revelación hecha por la revista Semana, la firma de la politóloga obtuvo un contrato de 1.339 millones de pesos para viabilizar en ocho municipios los programas de viviendas gratuitas entregadas por el Ministerio de Vivienda y generar una estrategia de servicios sociales, pese a que se enfrentaba en la licitación a organizaciones con más experiencia.

Este nuevo contrato, ha encendido una nueva polémica, pues de acuerdo con un documento de la Fiduciaria Bogotá, para su adjudicación participaron la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) con 58 años de experiencia en el sector, y la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar con más de 22 años trabajando con el subsidio de vivienda.

Llama la atención que el pliego de condiciones de este contrato describía a parte del personal que la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services ha descrito que tiene, y que la firma haya ganado en tiempo record este contrato: 4 días.

“Esas son contrataciones… la Procuraduría ha recibido numerosas quejas sobre esos temas, quejas que están siendo tramitadas en debida forma”, indicó el procurador Alejandro Ordóñez consultado sobre los cuantiosos contratos adjudicados a la firma de Springer.

La Procuraduría ya indaga formalmente al alcalde de Valledupar, Fredy Socarrás, por haber adjudicado un contrato para la creación de una escuela de paz, a la firma de Springer. Contrato por 1400 millones de pesos.

Natalia SpringerLa firma de la politóloga, es especialista en estudios sobre la violencia y conflicto armado y hace unos meses, se vio envuelta en un escándalo, al conocerse sobre varios millonarios contratos con la Fiscalía, señalados de ser otorgados “a dedo” y para asuntos sobre los que otras entidades públicas ya habían realizado investigaciones.

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