Penas de 5 a 8 años de restricción de la libertad acuerdan Gobierno y Farc

El Gobierno de Colombia y las FARC reafirman el compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha en el proceso de paz, confirmó el garante, Rodolfo Benítez.

Confirmó que se creará una comisión para esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Así mismo, se han logrado acuerdos para la reparación de las víctimas.

En el componente de justicia se acordó crear una jurisdicción especial para la paz que contará con salas de justicia y con un tribunal para la paz.

Benítez comentó que las salas y el tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos y una participación minoritaria que cumplan los más altos requisitos.

Las salas tendrán como tarea principal acabar con la impunidad, tener verdad y efectuar la reparación de las víctimas, juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves crimines durante el conflicto.

En el componente de justicia que es el cuarto punto prevé que la terminación de las hostilidades de acuerdo con el derecho internacional humanitario, el Estado colombiano otorgara la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos.

Explicó que en todo caso no habrá indulto las conductas verificadas en la legislación nacional correspondiente a delitos de lesa humanidad, genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros como la toma de rehenes, la tortura, desplazamiento forzado, la desaparición forzada y la violencia sexual.

La jurisdicción especial para la paz contempla dos tipos de procedimientos. Uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen.

Las sanciones que imponga el tribunal tendrás como finalidad satisfacer los derechos de las víctimas y consolidad la paz con una función de reparación del daño.

Para los que reconozcan responsabilidades por delitos la sanción tendrá una restricción de libertad mediante trabajos.

El acuerdo establece que las sanciones para quienes cometan delitos graves serán de 5 años y un máximo de 8 años de privación de la libertad en condiciones especiales.

Para quienes lo hagan tardíamente será una pena privativa de 5 a 8 años en condiciones ordinarias. Se tendrá que dar la resocialización.

El acuerdo establece que quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad serán condenados a penas de prisión de 20 años en condiciones ordinarias.

En el caso de las FARC tendrán que dejar las armas para poder participar en política que comenzará a más tardar a los 60 días de la firma del acuerdo final.

Finalmente se establece que su transformación en un movimiento político contará con el respaldo del Gobierno nacional.

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