Los 10 mínimos penales que procurador pide para máximos responsables de Farc

 

 

 

BOGOTA, 20 de Agosto_ RAM_ Este jueves, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, radicó una comunicación dirigida a los jefes de las delegaciones del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las FARC en La Habana (Cuba), Humberto de la Calle y alias ‘Iván Márquez’, respectivamente, con 10 mínimos penales para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio.

El informe de 80 páginas es el resultado de un profundo análisis que sobre justicia transicional adelantó durante meses la Entidad, consultando extensamente la doctrina, la jurisprudencia y los estatutos de los tribunales penales internacionales, así como los instrumentos de protección de los Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana y colombiana.

La Procuraduría resalta como positivo el hecho de que las FARC acepten el derecho internacional, así como la coincidencia entre el Gobierno y la oposición, representada por el Partido Centro Democrático, en que se necesitan penas privativas de la libertad para miembros de las FARC que cometieron o cometan crímenes atroces. El Ministerio Público considera que ese puede ser el punto de partida de un Pacto para la Paz que permita que los acuerdos cuenten con el respaldo de los ciudadanos y que garantice que lo que se firme con la guerrilla se cumpla y se pueda poder cumplir.

En la misiva, el jefe del Ministerio Público subrayó que conforme al derecho internacional, la pena para los máximos responsables es la reclusión y solo si esta se cumple de manera genuina se puede asegurar que no existe impunidad frente a los más graves crímenes. El procurador dejó en claro que la misma pena debe aplicarse para los agentes del Estado que perpetraron iguales crímenes. La impunidad no debe proceder para nadie porque “la sociedad colombiana exige justicia”.

En ese sentido, el oficio radicado señaló que “la pena no debe ser entendida como una imposición, una humillación o una derrota, sino como muestra de sincera voluntad de reconciliación y de dignificación de las víctimas e inclusive de los victimarios”.

Advierte el jefe del órgano de control que los mecanismos de justicia y su marco de aplicación tampoco pueden omitir la investigación, el juzgamiento, la condena judicial ni el cumplimiento efectivo de las penas de reclusión, cuando los responsables de crímenes atroces sean agentes estatales, integrantes de la Fuerza Pública, autoridades civiles o dirigentes políticos. Sin embargo precisa que la definición de estos puntos es competencia exclusiva del Congreso de la República.

“No es aceptable desde el punto de vista constitucional que se llegue a usurpar dicha competencia pretendiendo definir ese marco jurídico en la Mesa de Conversaciones. Sería muy grave para los militares y policías que su suerte jurídica la decidieran las FARC y el Gobierno Nacional en La Habana”, precisó el procurador.

La Procuraduría señaló que los mínimos penales deben servir para construir fórmulas que satisfagan los derechos de las víctimas, los reclamos de justicia y las diferentes perspectivas que se plantean en la Mesa de Negociaciones.

Así mismo, recalcó que es indispensable abrir un debate público con el fin de que las medidas de justicia que se adopten tengan el apoyo de la sociedad y la mayor legitimidad. Para eso propone un foro en que estén representadas las visiones del Gobierno, la oposición y las FARC.

Finalmente anunció que enviará una propuesta en materia de penas a La Habana con el fin de contribuir a que se cumplan dichos mínimos y se garantice así seguridad jurídica para los miembros de las FARC.

Estos son los 10 mínimos penales que pide la Procuraduría:

1. La investigación, juzgamiento y condena de crímenes internacionales es competencia exclusiva de la autoridad judicial. El Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y condenar en el marco de un proceso judicial de carácter penal a los máximos responsables, así como garantizar a las víctimas y la sociedad los derechos de acceder a la justicia e interponer recursos efectivos. La gravedad de los crímenes impide que mecanismos de carácter extrajudicial y sanciones no penales puedan sustituir la acción de los tribunales judiciales.

2. La pena debe ser efectiva. Frente a graves violaciones a los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, el Estado tiene la obligación no sólo de investigar, juzgar y sancionar, sino también de garantizar que la pena sea efectiva, sea real, esto es, que se cumpla. La suspensión de la ejecución de la pena no puede ser total para los condenados como máximos responsables de tales crímenes. La Fiscalía de la CPI advirtió que “la suspensión total de la pena podría llevar a la concesión de perdón, que está prohibida para crímenes que han adquirido el estatus de derecho imperativo (ius cogens) en derecho internacional.

3. La pena debe ser proporcional a la gravedad del crimen y a las condiciones personales de los responsables. El derecho internacional impone la obligación de castigar con penas proporcionales a la gravedad de los hechos a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de trascendencia internacional. Es una constante en los juicios penales internacionales que la gravedad y características del crimen, así como las condiciones del autor, sean tomadas como fundamento a la hora de fijar la pena. El principio de proporcionalidad conlleva para el condenado el derecho a que no se le imponga una pena superior a la gravedad del delito y que la pena no resulte, al contrario, reducida a tal punto que sea inadecuada frente a esa misma gravedad. Penas simbólicas, “trabajo comunitario” o “excusas públicas” como pena principal para esos crímenes es impunidad.

4. La reclusión es la pena para graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad. Todos los estatutos de los tribunales penales internacionales establecen la pena de reclusión frente a los crímenes de su competencia. La reclusión es entonces la sanción adecuada y proporcional dada la gravedad de los crímenes que exigen mayor reproche de la comunidad internacional y se define en términos de restricción de derechos constitucionales. Para la Corte Constitucional “Aún en el marco de un instrumento que invoca como propósito fundamental la materialización de la paz en el país, la pena no puede ser despojada de su atributo de reacción justa y adecuada a la criminalidad, ni puede producirse al margen de las intervenciones estatales que el ejercicio del ius puniendi reclama en el Estado constitucional de derecho.

5. La pena de reclusión se debe cumplir conforme a los regímenes generales. Para efectos del cumplimiento de la pena de reclusión el derecho penal internacional remite a las condiciones generales del sistema penitenciario del Estado donde se deba cumplir, señalando que no podrá desarrollarse en condiciones diferentes a las previstas para crímenes de la misma naturaleza. Con el fin de garantizar la efectividad de la pena y su carácter genuino, la creación de sitios de reclusión, el establecimiento de condiciones especiales de reclusión y las modalidades de ejecución y cumplimiento de la pena deben observar la dependencia, sujeción y restricciones de derechos constitucionales que son propios de la pena privativa de la libertad, conforme a los precedentes del derecho penal internacional y la jurisprudencia constitucional e interamericana.

6. Las condiciones de reclusión deben ser dignas y seguras. El cumplimiento de la pena de reclusión está supeditado a la garantía de respeto de los derechos humanos de los máximos responsables. El Estado ostenta respecto del recluso un deber de custodia que implica garantizar su seguridad, vida e integridad.

7. La exclusión de participación política es consecuencia de crímenes atroces. Los máximos responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad están excluidos expresamente por el ordenamiento jurídico de la participación política. La Corte Constitucional señaló que la conexidad con el delito político debe observar “los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, lo que implica que no todos los restantes delitos pueden ser declarados conexos, entre ellos, las graves violaciones a los derechos humanos, los que han sido calificados como crímenes de guerra o los asociados al narcotráfico. Los delitos relativos al tráfico de estupefacientes deben ser considerados conexos con los crímenes de lesa humanidad y genocidio. La rebelión como delito político objeto de amnistía no comprende los crímenes atroces y los delitos comunes.

8. La verdad completa, detallada y exhaustiva es condición para acceder a la justicia transicional. La satisfacción del derecho a la verdad que tienen las víctimas y la sociedad es indispensable para acceder al tratamiento penal especial que se disponga para los máximos responsables en el marco de la justicia transicional. Es obligación imperativa relatar de manera detallada, completa y exhaustiva lo que se sabe respecto a las atrocidades cometidas por la organización armada ilegal.

9. La reparación es condición para acceder a la justicia transicional. Cualquier tratamiento especial en materia de penas para un máximo responsable depende de la reparación efectiva a las víctimas. Ésta debe incluir el reconocimiento público de responsabilidad, el arrepentimiento sincero y público por los crímenes perpetrados, la petición pública de perdón, la revelación de la verdad y la entrega de bienes particulares y de la riqueza acumulada por la organización ilegal. La reparación no puede ser simplemente simbólica, debe ser proporcional, adecuada, efectiva y rápida.

10. La garantía de no repetición es condición para acceder a la justicia transicional. La principal garantía de no repetición es el cumplimiento de una pena efectiva de reclusión, la revelación de la verdad y el arrepentimiento público por las atrocidades, junto a la desarticulación del grupo armado ilegal, que comprende el desarme absoluto y su desmovilización total, tanto de sus estructuras de guerrilla, milicias y otros aparatos vinculados a la organización. La no repetición exige que se develen y desmonten las redes dedicadas al tráfico de drogas, minería ilegal y otras actividades delincuenciales que desarrolla el grupo armado ilegal. Sin estos presupuestos no se puede acceder y mantenerse en la justicia transicional.

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