Análisis Ley del Montes: Más allá de la paz: las otras tareas pendientes de Santos

POR:
ÓSCAR MONTES – @LEYDELMONTES

La lucha contra la pobreza, la administración de justicia, la inseguridad ciudadana y la corrupción son importantes asuntos que el presidente deberá resolver en los tres años que le quedan de mandato.

Al cumplir el primer año de su segundo mandato, Juan Manuel Santos reconoció que si bien es cierto que la negociación con las Farc sigue siendo la gran apuesta de su gobierno –y a la que le ha dedicado la mayor parte de sus energías y de su tiempo– hay tareas pendientes que aún siguen sin resolverse, pese a su gravedad. Los diálogos con el grupo guerrillero han copado no solo la atención del jefe del Estado, sino que terminaron por eclipsar los otros frentes en los que también combate el presidente que ofreció “prosperidad para todos” cuando llegó a la Casa de Nariño por primera vez el 7 de agosto de 2010.

Para cumplir con todas las metas que se ha fijado en la lucha contra la desigualdad social y los altísimos niveles de pobreza del país, Santos inició una carrera contra el tiempo, pues es claro que para mostrar resultados contundentes antes de terminar su segundo período debe emplearse a fondo con eficacia. Es evidente, que lo que él considera que son muy buenos resultados, a la hora de confrontarlos con la realidad lucen demasiado modestos y hasta insignificantes.

Es el caso, por ejemplo, de los 4.400.000 colombianos que –según Santos– han salido de la pobreza en los últimos años. “Es como si toda la población de Bolívar y Atlántico dejara de ser pobres”, afirmó el Presidente, mientras hacía el balance de sus cinco años de gobierno. Ocurre, sin embargo, que las cifras en ese frente fundamental a la hora de evaluar los primeros cinco años de Santos están todavía muy lejos de las metas trazadas. Colombia es el país 14 con mayor desigualdad dentro de 134 que son observados por las Naciones Unidas y ello no puede ser motivo de orgullo, sino de preocupación.

Otro sector valioso que debe ser cubierto con prontitud y eficacia por el Gobierno es el de la justicia y la lucha contra la impunidad, que también muestra indicadores muy precarios. De acuerdo con estudios de Naciones Unidas, Colombia es el tercer país con mayores índices de impunidad, después de México y Filipinas, naciones donde la corrupción y la ineficacia judicial tienen a la administración de justicia en sus más bajos niveles de aceptación por parte de los ciudadanos.

La desconfianza de los colombianos en la justicia también es muy alta. En efecto, el más reciente estudio de Ipsos Napoleón Franco –para RCN Radio y Televisión, La FM y Semana– muestra que el 85% de los colombianos no cree en la administración de justicia, hasta el punto que las llamadas altas cortes están muy por debajo de la aprobación que tienen otras instituciones, como las Fuerzas Armadas, que cuentan con una aprobación del 60% por parte de los colombianos. La aprobación de las altas cortes apenas alcanza el 18%, cifra precaria que sirve para ilustrar la gravedad de la situación, mucho más si se tiene en cuenta que hasta hace algunos años –concretamente cuando la Corte Suprema investigó el fenómeno de la parapolítica– las altas cortes ocupaban los primeros lugares a la hora de medir la confianza de los colombianos en sus instituciones.

La seguridad ciudadana también debe ser atendida con prontitud y eficacia por parte del Gobierno. Si bien es cierto que los ataques guerrilleros a la población civil, o la voladura de torres de energía o de oleoductos, que tanto daño causaron en los últimos meses, disminuyeron desde que las Farc ordenaron un nuevo cese unilateral del fuego, la inseguridad en las principales ciudades sigue mostrando cifras alarmantes. Los atracos callejeros y las extorsiones a pequeños y medianos comerciantes, por ejemplo, siguen siendo los grandes dolores de cabeza de la inmensa mayoría de los colombianos. Ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cartagena, alcanzan muy altos niveles en materia de inseguridad ciudadana y las autoridades no saben qué hacer para superar este flagelo.

La percepción de inseguridad y desprotección por parte de las autoridades crece cuando quienes han sido víctimas de hechos delictivos frecuentes y cotidianos –como el atraco callejero o el asalto a mano armada- presencian cómo a las pocas horas quedan en libertad los responsables de dichos delitos, lo que termina por incrementar la desconfianza en las autoridades y en la justicia.

La inseguridad ciudadana es uno de los frentes a los que más atención debe prestar el Gobierno, no solo por la gravedad del mismo, sino porque uno de los grandes retos que tiene el posconflicto es la “ocupación y el oficio” de quienes hagan dejación de sus armas por parte de las Farc.

La “ocupación y el oficio” de quienes abandonen las armas no puede ser –como ocurrió con muchos de los jefes y combatientes de las autodefensas que se desmovilizaron– la conformación de bandas criminales y organizaciones delictivas, dedicadas a azotar a millones de colombianos inermes e indefensos. Punto. De nada sirve garantizar la seguridad en el campo si las ciudades terminan en manos del hampa. ¿Qué le espera a Santos en sus últimos tres años de mandato? ¿La deuda social se volvió impagable? ¿Qué hacer para volver a creer en la justicia?

Pronta y cumplida Justicia, ¿para cuándo?

Que apenas el 18% de los colombianos respalde a las llamadas altas cortes es -sin duda- una tragedia nacional. Los constantes abusos y desafueros en los que se han visto envueltos altos dignatarios de los tribunales de justicia terminaron por pasarles la cuenta de cobro a quienes ocupan las mayores dignidades del Estado. Era imposible que los magistrados de las altas cortes salieran inmunes de tantos escándalos. La crisis en la administración de Justicia es del tamaño de una catedral. Y después de cinco años de mandato Santos también tiene esa tarea pendiente. La reforma estructural de la Rama Judicial –que va más allá de la eliminación de uno o dos tribunales, para reemplazarlos por otros- sigue sin hacerse. Punto. De lo que se trata es de acercar la justicia a los ciudadanos de a pie, no de politizar aún más las altas cortes del país. La percepción de injusticia e impunidad supera el 80%, así como la desconfianza en las decisiones de los jueces. Una administración de Justicia que no genera confianza es una administración de Justicia que carece de legitimidad, como ocurre cada vez que un medio de comunicación destapa el pago de coimas o sobornos a los magistrados para que fallen a favor o en contra de una de las partes interesadas. De manera que en los tres años que restan, Santos debe emplearse a fondo para dejar una administración de Justicia que sea pronta, cumplida y eficiente.

Pobreza y desempleo, dos grandes deudas

La desaceleración de la economía terminará pasándole una abultada cuenta de cobro al Gobierno en su lucha contra la desigualdad. Y aunque Colombia redujo la pobreza –según estudios de la Comisión Económica para América Latina (Cepal)- al pasar de 32,9% al 30,7% en el último año, lo cierto es que la gravedad de la situación amerita resultados “revolucionarios” si en verdad se pretende acabar con la iniquidad y la desigualdad social. Igual sucede con el desempleo, que según el Dane, también muestra resultados positivos, al punto de encontrarse en un dígito desde hace varios años. Pero el problema no es de cantidad –que lo es- sino de calidad. El empleo –al igual que la vivienda y la salud, entre otros- debe ser digno. La ocupación informal, carente de todo tipo de protección y asistencia social, no es ni puede considerarse un empleo digno. El Gobierno debe centrarse en combatir la informalidad laboral y no en fomentarla. A la hora de presentar balances optimistas sobre la reducción del desempleo, los funcionarios deben tener muy presente las condiciones y calidades del mismo. Y en ese campo, sin duda, es mucho lo que tiene que hacer Santos en estos tres años que le quedan de mandato. Un buen espejo para Santos debería ser el de Luiz Inacio Lula da Silva, quien sacó de la pobreza a 28 millones de brasileños y al terminar sus mandatos afirmó que –pese a sus logros- la deuda con los pobres de su país estaba toda por pagar.

Inseguridad ciudadana, ¿realidad o percepción?

Uno de los más duros enfrentamientos entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos tiene que ver con la seguridad ciudadana. Mientras que el primero sostiene que durante los cinco años de gobierno de Santos los indicadores se han deteriorado de forma grave, el segundo afirma que es todo lo contrario y que la seguridad de la ciudadanía es hoy mucho mejor que antes. Para los colombianos ese es uno de los asuntos que más les preocupa, pues es el que los golpea directamente. Ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena o Cali tienen una percepción de inseguridad muy alta, producto de las constantes acciones de las organizaciones criminales en contra de los ciudadanos. Punto. Los medios de comunicación no registran los atracos que las autoridades evitan, sino aquellos que se materializan. Y no hay día en que en noticieros, periódicos y revistas no quede registrado un atraco, un asalto a mano armada, un paseo millonario o un hurto a residencia, hechos que incrementan la sensación de que la lucha contra el hampa se está perdiendo. Igual ocurre con la extorsión –que el Gobierno sostiene que ha disminuido, al igual que la tasa de homicidios (12,2%)- pero que sigue teniendo altos registros en algunas ciudades de la Región Caribe.

Lucha contra la corrupción: a pisar el acelerador

Aunque el Gobierno todos los días anuncia medidas para combatir la corrupción, lo cierto es que la percepción que tienen los colombianos es que en ese frente es poco o nada lo que se ha hecho para reducir ese fenómeno a su “justa proporción”, como afirmó el expresidente Julio César Turbay Ayala. La sensación generalizada es que no solo no hay herramientas para combatirla, sino que tampoco hay voluntad política para erradicarla por completo. El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2014, elaborado por Transparencia Internacional, deja muy mal parado al país, al ponerlo en el puesto 94 entre 175 naciones evaluadas. Faltan mayores controles en lo que tiene que ver con la contratación pública, así como una mayor eficacia en los organismos encargados de vigilarla, como la Procuraduría y la Contraloría General. En ese sentido, el discurso presidencial luce contundente, pero no sucede lo mismo con los resultados. En tiempos electorales, como los actuales, la vigilancia tiene que ser extrema, pues de los contratos multimillonarios es que salen los recursos para aceitar la maquinaria que mueve a algunos candidatos. La lucha contra la corrupción es, pues, otra tarea que Santos tiene pendiente. La corrupción no se combate con palabras, sino con hechos.

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