Análisis Ley del Montes: Elecciones: se encienden las alarmas

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ÓSCAR MONTES. @LEYDELMONTES

Mientras la MOE denuncia cifra récord de inscritos en el Atlántico y Barranquilla, el derroche de recursos se toma varias campañas a gobernaciones de la Región Caribe.

“Oye Ley del Montes, ¿tú sabes cuánto está costando el voto?”, me pregunta el taxista con la misma naturalidad con que uno averigua el precio de una libra de lomo fino en una carnicería. “No tengo la menor idea, mi hermano”, le respondo, mientras termino de acomodarme en el asiento posterior del vehículo. “Hoy vale cuarenta mil pesos, pero puede subir. Están dando veinte el día de la inscripción de la cédula y los otros veinte después de que votes”, me dice el hombre con absoluta certeza.

“¿Y eso es mucho o poco?”, le pregunto, llevándole la corriente y tratando de indagar un poco más por un tema que se ha convertido en una pesadilla para quienes creemos que la democracia no se fortalece con votos comprados, sino con candidatos con buenas propuestas. “Eso es lo que están ofreciendo, mi llave. Vamos a ver qué pasa”, me responde, mientras en la radio los narradores deportivos se enfrascan en una discusión por la salida de Macnelly Torres y la nueva contratación del Junior. “Macnelly nunca debió irse y menos para el Nacional”, dice uno de ellos, mientras su colega le responde que todo el mundo tiene derecho a ganar billete y que a Macnelly el Junior lo trató mal.

El taxista –mientras tanto– se olvida del tema del precio del voto –que para mí es muy importante– y se concentra en el debate radial por la partida de Macnelly. Es evidente que –en esta oportunidad– el partido entre la política y el fútbol lo ganó el fútbol, puesto que mi contertulio se despreocupó del asunto de la compra y venta de los votos en época electoral, para escuchar con atención en qué terminaba la historia del ex 10 del Junior y su paso al Nacional de Medellín.

El negocio ilegal de la llamada “compra de elecciones” se ha convertido no solo el peor enemigo del fortalecimiento de la democracia en el país en general y en la Región Caribe en particular, sino que hoy por hoy es la llave que les permite a los políticos corruptos acceder a cargos de elección popular por cuenta de tener una chequera jugosa. Se trata de una ‘industria’ multimillonaria, que el año pasado, en las elecciones legislativas y solo en el departamento del Atlántico, movió cerca de 20.000 millones de pesos, según la Misión de Observación Electoral (MOE). Pese a la gravedad de la denuncia, no hay una sola investigación en firme que permita establecer responsabilidades disciplinarias y penales de quienes participaron en los hechos.

Y algo peor: todo parece indicar que en las próximas elecciones de octubre se escribirá un nuevo capítulo de esa historia nefasta para nuestro frágil sistema democrático. La danza de los millones ya empezó y las autoridades siguen indiferentes, como si nada grave estuviera sucediendo.

En el Atlántico, por ejemplo, la MOE descubrió que hay cinco municipios que tienen más votantes inscritos que habitantes (Puerto Colombia, Piojó, Campo de la Cruz, Juan de Acosta y Suan). “Demostramos –dice Diógenes Rosero Durango, director de la Fundación Foro Costa Atlántica y vocero de la MOE– cómo el aumento del volumen de inscritos no es producto de migraciones o aumento en la urbanización, sino que constituye un caso típico de trashumancia, es una sistemática práctica que elección tras elección se utiliza como herramienta para los políticos ser elegidos en sus territorios”.

Entre el 6 y el 12 de julio pasado se movilizaron por todo el departamento del Atlántico más de 180.000 personas para inscribir sus cédulas para votar en octubre, lo que dio como resultado un promedio de inscritos por puesto de votación de 736 personas para el Atlántico y 918 para Barranquilla. Esa cifra contrasta con el promedio nacional, que es de 205 por puesto de votación, y con el de Bogotá, que es de 373.

Así las cosas, la pregunta es: ¿O los votantes del Atlántico sufrieron un repentino ataque de ‘fervor electoral’, que los llevó a inscribir su cédula de forma masiva en una semana, o estamos asistiendo a la preparación de un gigantesco fraude, en el que la trashumancia y el trasteo de votos cumplen el nefando papel de constreñir a los electores? Todo ello sin que ningún organismo o autoridad se haya pronunciado sobre la situación, empezando por el Consejo Nacional Electoral y la propia Registraduría Nacional. La MOE define lo que ocurre con una frase contundente: “Hay un estado de impunidad electoral”.

“La democracia en el Atlántico –sostiene el director de la Fundación Foro Costa Atlántica– se ha venido envileciendo al punto que los espacios para la renovación política se han venido cerrando cada vez con mayor estrechez, por la incredulidad de las personas, pero también por la desventaja financiera y de la maquinaria que imponen estos actores frente a la poca capacidad de los nuevos líderes”.

El panorama que se vislumbra para las elecciones de octubre en la Región Caribe es, pues, preocupante. La inoperancia y la corrupción que existe en los organismos de control y en las autoridades electorales terminó por derribar los muros de contención que impedían a algunos candidatos hacer ostentación de su riqueza y de los multimillonarios recursos que están dispuestos a invertir con tal de ganar las elecciones. Hay derroche de dinero por montones y nadie parece interesado en meter en cintura a los aspirantes despilfarradores.

En Sucre, por ejemplo, el lanzamiento a la Gobernación de Milene Jaraba, esposa del ex representante a la Cámara Yahir Acuña, paralizó a Sincelejo y su inscripción estuvo acompañada de bandas musicales y miles de seguidores que se desplazaron en buses y camionetas desde distintos municipios del Departamento. Igual sucedió con la inscripción de Rosa Cotes como candidata a la Gobernación del Magdalena, que también paralizó a Santa Marta y en la que sus familiares y jefes políticos tampoco ahorraron recursos para demostrar su poderío económico y electoral.

En Córdoba, Edwin Besaile, candidato de su hermano el senador Musa Besaile y de su colega Bernardo ‘Ñoño’ Elías, está a punto de convertirse en aspirante único a la Gobernación, por cuenta de que recibió la ‘bendición’ directamente desde la Casa de Nariño. En La Guajira, la candidatura a la Gobernación de la ex alcaldesa de Albania Oneida Pinto sigue viento en popa, pese a que el aval que le otorgó Cambio Radical generó gran controversia nacional y una profunda crisis dentro del partido, que produjo la renuncia de su presidente el senador Carlos Fernando Galán. Al no compartir la decisión tomada por algunos dirigentes de dicho partido, entre ellos el senador Arturo Char, de autorizar la aspiración de Pinto, Galán debió dar un paso al costado. En la actualidad existe una ‘investigación previa’ en contra de Pinto por parte de la Fiscalía, que data desde el 14 de febrero de 2011.

De manera que las alarmas en materia electoral están encendidas en toda la Región Caribe –no solo en el Atlántico– donde, como lo ha denunciado la MOE, se viene presentando un aumento exacerbado de inscripciones de futuros votantes. Ya es vox pópuli en las calles de Barranquilla la cotización del voto, como me lo comentó el informado taxista, cuando hace tan solo unos días me preguntó: “Oye, Ley del Montes, ¿tú sabes cuánto está costando el voto?”.

¿Qué hacer ante las prácticas perversas como la compra y trasteo de votos? ¿Qué tan nocivas son las candidaturas únicas? ¿Por qué las autoridades no actúan? ¿Qué hacer ante la danza de los millones?

¿Dónde están las autoridades?

Es imposible mover más de 20.000 millones de pesos, como ocurrió en el Atlántico en las elecciones legislativas del año pasado, sin dejar huellas en el sistema financiero. Se trata de una cifra astronómica como para ser movilizada toda en efectivo. Punto. ¿De dónde provienen los recursos para comprar los votos, trastear a los votantes y pagarles a quienes trasladan a las personas? ¿Qué información poseen y suministran las entidades bancarias a las autoridades competentes? ¿Por qué los fraudes electorales quedan impunes? ¿Las autoridades electorales son incompetentes o corruptas? ¿O son ambas? Mientras los responsables del fraude electoral no reciban ningún tipo de castigo, como viene sucediendo, las prácticas perversas contra el sistema democrático, como el trasteo y la compra de votos, seguirán ejerciéndose en todo el país y no solo en la Región Caribe. En Bogotá, en las narices de las autoridades, los políticos corruptos también cometen fraude electoral con absoluta impunidad. Por increíble que parezca, los 20.000 millones de pesos que se movieron el año pasado en las elecciones legislativas en el Atlántico no dejaron rastro alguno. Esa plata –que sirvió para elegir a políticos sin votos, pero con chequeras jugosas– se la tragó la tierra.

¿Qué hacer con la trashumancia electoral denunciada en el Caribe?

Las investigaciones y estudios efectuados por la MOE –entidad que desde el 2007 realiza actividades de observación y veeduría a los procesos electorales– demuestran que en el departamento del Atlántico existe y persiste un problema de trashumancia electoral. Dicha práctica termina –sin duda alguna– alterando los resultados de las elecciones y deslegitimando a quienes resultan elegidos. De manera que hay municipios donde la trashumancia termina definiendo alcaldías y concejos y alterando el llamado mapa político. La permisividad de las autoridades nacionales y regionales con el fenómeno es evidente y preocupante. ¿La movilización masiva de electores en época de inscripción de cédulas no despierta ningún tipo de sospecha en las autoridades? ¿Acaso creen que trastear miles de personas durante un fin de semana a lo largo y ancho del Departamento constituye una práctica normal? ¿Por qué nadie denuncia? En fin, son muchas las preguntas y pocas las respuestas por parte de las autoridades electorales.

¿ Fervor electoral de octubre o simple trasteo de votos?

La denuncia de la MOE la semana pasada, según la cual en el Atlántico 180.493 personas cambiaron de puesto de votación, entre el 6 y el 12 de julio, no puede pasar desapercibida. Es un verdadero escándalo y hace presagiar lo que podría pasar en octubre, cuando se realicen las elecciones para escoger gobernadores, alcaldes, diputados y concejales para el período 2016 y 2019. Debería llamar la atención de las autoridades que esa cifra extraordinaria de nuevos inscritos se registre a pocos meses de llevarse a cabo las elecciones. El proceso de inscripción de cédulas comenzó el 25 de octubre del año pasado en la Registraduría. En comparación con otros departamentos, mientras en el Atlántico se inscribieron en promedio 736 votantes por puesto, en Antioquia –por ejemplo– lo hicieron 219 personas. Inclusive, Barranquilla supera a Bogotá, puesto que mientras en la primera se inscribieron en promedio 918 personas, en la capital de la República lo hicieron 373. Ese aparente ‘fervor electoral’ merece una mayor atención de las autoridades. Puede que al final se demuestre que lo que hay en el Atlántico y en Barranquilla es una ‘toma de conciencia del valor que tiene el voto para el fortalecimiento del sistema democrático y la erradicación de las prácticas corruptas en el ejercicio de la política’. Si ello es así, entonces todos los políticos de la Región Caribe merecen ser condecorados con la Cruz de Boyacá.

Los candidatos sólidos tienen la obligación de pronunciarse

Cuando hay fraude electoral, todos los elegidos son ilegítimos, hasta los que ganaron en franca lid y no cayeron en la tentación de la compra o trasteo de votos. Ninguno de los elegidos se salva a la hora de que unas elecciones hayan sido contaminadas con el ingreso de dineros provenientes de actividades ilegales, como la celebración indebida de contratos y hasta el mismísimo narcotráfico. En otras palabras, cuando las elecciones son ilegítimas pagan justos por pecadores. Esa es la razón por la cual aquellos candidatos que cuentan con un amplio y sólido respaldo popular–que les permitiría ganar sin trampas en octubre– están en la obligación no solo de denunciar a quienes se valen de prácticas perversas o abiertamente ilegales, sino de convocar a los demás aspirantes a realizar una campaña transparente y de cara a la comunidad. Una campaña de ideas y propuestas y no de chequeras y de recursos malditos. Todavía están a tiempo. Punto. El liderazgo en política no solo se mide por el número de votos, sino por el ejercicio transparente de todas las actividades que se realizan durante los procesos electorales. Mientras las autoridades se emplean a fondo para desmontar la maquinaria fraudulenta de las próximas elecciones, aquellos candidatos que cuentan con las mayorías tienen la obligación de contribuir a darles trasparencia a las elecciones.

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