Los derechos humanos son considerados “incómodos” en Colombia: Amnistía Internacional

BOGOTA, 06 de Julio_ RAM_ De acuerdo con el director de Amnistía Internacional (AI) España, Esteban Beltrán, los derechos humanos son considerados “incómodos” en el proceso de paz en Colombia que el gobierno de Juan Manuel Santos mantiene con las Farc desde 2012.

Actualmente, el director de Amnistía Internacional (AI) España dirige un curso sobre derechos humanos organizado por la Universidad Complutense, la directora del centro de documentación “No Habrá Paz sin las Mujeres Colombia”, Patricia Simón, y el activista José Ricaurte.

Para Beltrán, Colombia “no está aún en el posconflicto”, ya que sigue habiendo desplazados y asesinato de sindicalistas y otros activistas defensores de los derechos humanos.

Beltrán, que reconoció que en este momento la comunidad internacional “presta más atención” al caso colombiano, dijo que esta debería dar la oportunidad “de que las cosas mejoren”.

Por su parte, la directora de “No habrá paz sin las mujeres Colombia”, Patricia Simón, criticó la falta de observadores internacionales en el país y alertó sobre el abandono de muchas organizaciones no gubernamentales, que en la actualidad “derivan sus recursos a otras crisis humanitarias más acuciantes”.

Mientras tanto, el activista José Ricaurte explicó su experiencia como víctima de la guerrilla después de haber sido desplazado en cuatro ocasiones y haber sufrido dos atentados. Ricaurte lamentó que quienes defienden los derechos humanos en Colombia no pueden hacer “ninguna denuncia” porque el Gobierno considera que “atentan contra la paz”.

Simón explicó que gracias a la presión internacional se empezó a incorporar a mujeres a la mesa negociadora de La Habana, que actualmente cuenta con tres mujeres en la parte del gobierno y con diecisiete por el lado de las Farc.

Asimismo, Simón enfatizó en el “estigma” que sufren las guerrilleras colombianas, ya que la sociedad “las culpabiliza por haber abandonado a su familia y son vistas como más díscolas que los hombres”.

Según Simón, no hay buenas condiciones de seguridad ni acompañamiento psicológico real para las víctimas ni garantías para los campesinos después de que se les devuelvan las tierras.

Amnistía Internacional inició hace dos años una investigación para ver cómo está aplicando el gobierno la ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor en 2012, y si había logrado su meta, que era restituir por lo menos dos millones de hectáreas para 2014.

En conclusión, la organización sostuvo que “el proceso ha tenido tantos problemas en su aplicación, que solo se han podido emitir órdenes de restitución de apenas 80.000 hectáreas de tierra y la ley tiene una vigencia de diez años”.

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