Análisis Ley del Montes: Ofensiva de Farc, otra vez contra los pobres

POR: ÓSCAR MONTES – @LEYDELMONTES

Contrario a lo que dicen sus jefes en La Habana, las voladuras de torres de energía y oleoductos no son acciones militares, sino actos de terror contra la población civil.

Mientras el Gobierno espera que desde La Habana salga humo blanco relacionado con la reparación a las víctimas del conflicto, en Colombia el número de damnificados de los ataques de las Farc a la infraestructura sigue creciendo. De acuerdo con los últimos reportes oficiales, los recientes ataques de las Farc afectan a más de un millón de personas, entre ellas cerca de 160.000 habitantes de Tumaco, que siguen sin el servicio de agua potable por cuenta de la voladura del oleoducto Trasandino, acción terrorista que produjo la contaminación de las aguas del río Mira, que a su vez nutre al acueducto de la población nariñense. “Es la más grande tragedia ambiental en la historia del país”, declaró el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, luego de constatar el daño causado por la acción de las Farc.

Por cuenta de los actos de terror de las Farc, el presidente Juan Manuel Santos debió cambiar el tono optimista, que anunciaba buenas noticias desde La Habana para las víctimas de la guerra, por uno más contundente y pesimista que calificaba las acciones de la guerrilla como “irracionales”. Al despedir al primer ministro francés, Manuel Valls, quien visitó al país para expresar el respaldo a los diálogos de La Habana, Santos había declarado el jueves en la tarde que en las próximas horas habría un anuncio relacionado con la reparación a las víctimas.

El esperado anuncio nunca llegó. Lo que llegó desde La Habana el viernes temprano fue una declaración del jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, quien cuestionó en duros términos el cinismo de las Farc de recibir con beneplácito la encíclica papal ‘Alabado seas’, que se ocupa de la crisis medioambiental en todo el mundo, cuando en Colombia causan tragedias como la de Tumaco, por cuenta de sus ataques a la infraestructura.

“La idea de proclamar la defensa del medio ambiente destruyendo el medio ambiente es inaceptable”, dijo De la Calle desde La Habana. “Señores –declaró– ustedes deben tener un mínimo de coherencia. Los colombianos esperan hechos de paz, no ataques insoportables a la población bajo el manto ficticio de la guerra”.

De esta manera el jefe del equipo negociador del Gobierno respondió a alias Pastor Alape, quien había dicho minutos antes que las Farc observa la encíclica del papa Francisco como “un importante instrumento de reflexión para los pueblos y los gobiernos del orbe” sobre el manejo que se le debe dar al medio ambiente. “Hay que apuntar –dijo Alape con absoluta desfachatez– a resolver los problemas que originaron la confrontación, observando en la defensa de los derechos fundamentales, materiales y espirituales, y en convocar como nunca la protección de la madre tierra”.

A juzgar por sus recientes ataques, no es mucho el respeto de las Farc por la “madre tierra”, como pregona Alape. En efecto, el ataque al oleoducto Trasandino se sumó a una serie de atentados que no solo han causado miles de millones de pesos en pérdidas económicas, sino que afectan a miles de familias de escasos recursos en todo el país, como ocurrió el pasado 8 de junio, cuando las Farc obligaron a los conductores de 24 camiones cisternas que transportaban petróleo a derramar el combustible en la vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio de Puerto Asís, Putumayo. En esa oportunidad fueron derramados 200.000 galones de crudo que eran transportados por la vía Puerto Vega – Teteyé.

Desde el pasado 22 de mayo –luego del rompimiento de la tregua unilateral que la misma organización guerrillera había declarado– las Farc iniciaron una arremetida contra la infraestructura nacional que hoy tiene en vilo hasta la suerte misma de los diálogos de La Habana. La decisión de las Farc obligó al Gobierno a levantar la orden de no bombardear los campamentos guerrilleros, lo que produjo la muerte de varios subversivos en Nariño. Es decir, el conflicto en lugar de desescalar –que era uno de los propósitos de los negociadores al iniciar el 38 ciclo de conversaciones– ha venido escalando en las últimas semanas. “Si ellos quieren desescalar, nosotros desescalamos, pero cada uno a su ritmo”, afirmó Santos.

Los ataques guerrilleros fueron calificados por el procurador Alejandro Ordóñez –férreo opositor de los diálogos de La Habana– como “graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y no actos de guerra”. Aprovechó la ocasión para reprender al Gobierno, pues el jefe del Ministerio Público considera que lo que se requiere “no son simples reclamos mediáticos, sino medidas de fondo y decisiones eficaces que paren el terrorismo”.

El panorama de los diálogos es, pues, poco alentador. La tregua bilateral a la que aspiran las Farc –y que explica la ofensiva terrorista que han desatado– es un escenario cada día más lejano para el Gobierno. Todo lo contrario: los ataques recientes empiezan a tener un efecto búmeran contra el grupo guerrillero, puesto que lo que se empiezan a escuchar con más intensidad son voces de colombianos que piden la suspensión de los diálogos y el levantamiento de la mesa por parte de los negociadores del Gobierno. Punto. Y ello es así porque lo que para las Farc son “acciones militares producto de la guerra”, como volar torres de energía y oleoductos, para la inmensa mayoría de los colombianos –entre ellos millones de damnificados, que son las familias más pobres– no son más que acciones terroristas, que lo que hacen es empobrecerlos cada día más.

Aunque el Gobierno aspira a que las conversaciones recuperen el ritmo y muy pronto se logre un acuerdo sobre la reparación a las víctimas del conflicto, lo cierto es que el próximo 3 de julio –cuando las partes vuelvan a la mesa de La Habana– las cosas deben cambiar de forma drástica, sobre todo en lo que tiene que ver con las Farc. Si ese grupo guerrillero insiste en sus actos de terror contra la población civil y no da muestras de su compromiso real con la salida negociada y los acuerdos políticos, entonces el Gobierno no tendrá otra salida que levantarse de la mesa, puesto que la paz sólo es posible si hay voluntad de ambas partes. Está visto que –en los casos de los diálogos con las Farc, desde Tlaxcala hasta el Caguán– la voluntad de una sola de las partes no es suficiente. ¿Qué le espera a los diálogos? ¿Una negociación con los días contados? ¿Qué pasa con la respuesta militar?

Emergencia humanitaria y tragedia ecológica

El derrame de 410.00 galones de crudo en el río que surte de agua al acueducto de Tumaco ocasionó una tragedia humanitaria y causó –según el ministro del Ambiente, Gabriel Vallejo– “el peor daño ambiental y social de los últimos años en el país”. El crudo cayó a las aguas del río Guisa, afluente del río Mira, que surte de agua al acueducto de Tumaco. Por cuenta del ataque de las Farc, 160.000 personas están sin el servicio de agua potable. Se trata de un acto de terror. Quienes están aguantando sed no son las “tropas enemigas” –como creen de manera absurda los jefes de las Farc– sino miles de personas humildes que viven del río y también del mar, pues el derrame del crudo alcanzó las costas de Tumaco. No son acciones militares: es terrorismo puro y duro contra la población civil. Nada justifica ese comportamiento demencial de las Farc. A punta de voladuras de oleoductos y torres de energía no van a lograr el acuerdo bilateral de cese el fuego, que tanto pretenden, sino todo lo contrario: ganarse el rechazo masivo de la población y llevar al Gobierno a radicalizar sus posiciones. Cada ataque guerrillero golpea la mesa de diálogos de La Habana y reduce el margen de negociación a los delegados del Gobierno.

Ataques contra la población más vulnerable

Causa asombro que las Farc, que se autodenominan “ejército del pueblo”, no escatimen esfuerzos a la hora de golpear al pueblo que dicen defender. Ocurre ahora con las voladuras de torres de energía y oleoductos y ha ocurrido siempre con otras prácticas, como la extorsión, el reclutamiento de menores y el secuestro. Ninguna de ellas –¡ninguna!– ha golpeado a la “oligarquía” que las Farc dicen combatir. El 90 por ciento de los secuestrados por parte de las Farc han sido campesinos, modestos ganaderos o trabajadores del campo, comerciantes o tenderos en pueblos apartados. Los potentados, o vendieron sus tierras hace años o tienen seguridad privada para que los defienda. Esa es la verdad. Igual ocurre con las víctimas de extorsión. Ahí radica el masivo desprecio de los colombianos por las Farc. No es cierto –como todavía creen algunos ilusos europeos– que las Farc–como Robin Hood– les quita a los ricos para darles a los pobres. Las Farc les quitan a los pobres para empobrecerlos más. Punto. Por eso es que los pobres y la clase media las detestan, pues son quienes terminan pagando los platos rotos de la cobardía del grupo guerrillero. Dejar sin agua potable a una población es un acto criminal, que nada tiene que ver con una acción militar.

Farc, sin sensatez ni coherencia

La romería de jefes de Estado y altos dignatarios que han desfilado por la Casa de Nariño respaldando los diálogos de paz con las Farc es interminable. El visitante ilustre más reciente fue el primer ministro de Francia, Manuel Valls, quien se entrevistó con el presidente Santos para expresarle todo su apoyo a las conversaciones. Hasta ahora no ha habido un solo jefe de Estado que no se muestre partidario de los diálogos. Ni lo habrá. A las conversaciones de La Habana lo que le sobra es apoyo internacional y lo que le falta es voluntad política de las Farc para negociar la desmovilización de sus combatientes y su extinción como grupo guerrillero. Y mientras ello sea así todos los gobiernos –desde Belisario Betancur hasta Juan Manuel Santos, pasando por César Gaviria y Andrés Pastrana– fracasarán en su intento por lograr que las Farc abandonen las armas. La reciente ofensiva de estos contra la infraestructura nacional lo que muestra es un desprecio del grupo guerrillero por los más pobres del país, que son grandes perdedores con cada acto de terror de las Farc. Un poco de sensatez –coherencia, dice De la Calle– deberían tener sus negociadores en La Habana para entender que por esa vía lo único que logran es alejarse cada día más de la salida política al conflicto.

Ministro Villegas, a devorarse ‘El arte de la guerra’, de Sun Tzu

El nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, deberá apretar el paso si quiere que su gestión sea exitosa al frente de dicha cartera. La arremetida guerrillera demanda respuestas contundentes por parte de las Fuerzas Militares y de Policía. Ya llegará el tiempo de convencer a las tropas de las bondades del posconflicto –que es el tema que le apasiona– porque lo que se requiere en estos momentos es golpear a las Farc y evitar que sigan volando torres de energía y oleoductos a lo largo y ancho del país. La inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares y de Policía deben mostrar resultados pronto en la ubicación de los campamentos guerrilleros, así como en la prevención de los ataques a la infraestructura nacional. Los tres años que han tenido las Farc para preparar su ofensiva, mientras dialogaban con el Gobierno en La Habana, son los mismos que tuvo el Ejército para entrenarse para evitarla. Por lo pronto a Villegas le tocó hacer un curso intensivo de “planeación estratégica del combate” y devorarse la versión abreviada de El arte de la guerra, de Sun Tzu –libro de cabecera de los ejércitos del mundo– para poder responderle a las Farc con eficacia y contundencia. Pero mientras aprende a marchar deberá liderar con convicción y carácter la respuesta de las tropas a los ataques guerrilleros.

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