Análisis Ley del Montes: ¿Y dónde están los políticos costeños?

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ÓSCAR MONTES – @LEYDELMONTES

Mientras la Costa atraviesa uno de sus peores momentos en materia de servicios públicos, atención a población vulnerable y rezago en indicadores sociales, los congresistas están más preocupados por los avales y la nómina.

La falta de liderazgo por parte de la clase política de la Región Caribe es ya un tema preocupante. Y no solo se trata de la indiferencia con la que se comporta en asuntos vitales para los costeños –como las escandalosas tarifas de energía y gas y el mal servicio de Electricaribe, así como la muerte infame de niños por desnutrición en La Guajira, entre otros– sino también con aquellos temas de interés nacional, como la suerte de la negociación con las Farc en La Habana o la aprobación y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

Ninguno de esos asuntos despierta el interés de la inmensa mayoría de los políticos costeños. Su aporte al debate nacional es mínimo y sus propuestas para superar la crisis regional son escasas. Nada que no sea la hoja de vida de un recomendado o la expedición de un aval a un candidato de sus afectos trasnocha hoy por hoy a quienes tienen sobre sus hombros la enorme responsabilidad de contribuir al desarrollo de la región y luchar contra la inequidad y la pobreza, que siguen siendo las más altas del país.

Causa asombro que ello ocurra cuando nunca antes la Región Caribe había alcanzado tanta representatividad en el Congreso de la República. En el Senado, por ejemplo, hay más de treinta parlamentarios y en la Cámara el número también es significativo. Con mucho menos de la mitad de esa cifra, partidos como el Polo Democrático Alternativo se han hecho sentir no solo en el Congreso, sino en el país, como ocurrió con las protestas sociales o sindicales, como los paros agrarios y de maestros de Fecode. Para decirlo en plata blanca: la representación de la Región Caribe en el Congreso se raja con rotundo éxito.

La agenda nacional la imponen desde los despachos de Bogotá y la regional es producto del clamor generalizado de los habitantes o de los clientes de empresas prestadoras de servicios públicos, como acaba de suceder con Electricaribe, donde la indignación de los usuarios con las tarifas y el servicio de la empresa –que se expresaron masivamente en las redes sociales, en numerosas marchas o mediante la recolección de más de 500 mil firmas- fue la que llevó a los políticos costeños a ocuparse del tema. Algunos solo se sumaron a la protesta masiva cuando vieron que sus votos empezaban a peligrar, como ocurre en la actualidad. Antes pasaban de agache.

Esa pérdida de liderazgo –que va mucho más allá de declaraciones delirantes, estridentes o efectistas, que causan risa en la galería– se traduce en hechos concretos, como la ausencia de delegados en entes neurálgicos para la suerte de la Región Caribe, como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), desde donde se fijan tarifas, se planea y se discute la suerte del sector. La razón es simple: la inmensa mayoría de los políticos costeños prefieren poner una ‘ficha’ en el Consejo Nacional Electoral o la Registraduría Nacional, que contar en la Creg con un funcionario que defienda los intereses de los usuarios. Otro ejemplo muy diciente es el de Cormagdalena, donde la pelea de los políticos costeños por poner a uno de sus recomendados tiene en vilo la ejecución de grandes proyectos, entre ellos los que tienen que ver con la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena.

En el Senado de la República hay congresistas costeños a los que no se les conoce la voz, como Arleth Casado, gran electora del Partido Liberal en Córdoba; o Teresita García de Sucre, entre muchos otros. De ellos hay varios que no hablan en los debates, pero ponen mucho cuidado cuando el Gobierno reparte multimillonarios recursos o cuando conocen de una vacante que debe ser cubierta en una entidad del Estado.

A la hora de la repartición de la ‘mermelada’ son los primeros que ponen las manos –u ofrecen sus bolsillos– para que les den su buena porción. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la crisis del sector eléctrico, los nombres de sus amigos contratistas figuran –ahí sí– en los fondos Prone y Faer, que se encargan de ejecutar los planes de normalización eléctrica e infraestructura energética. Inyectarles más recursos a dichos fondos, sin que exista ningún control eficiente y eficaz sobre la destinación de los mismos- –como acaba de ocurrir con el Plan Nacional de Desarrollo- es hacerle el juego a los políticos corruptos para que los saqueen a manos llenas.

Desde hace varias legislaturas no hay registros de un solo debate de control político a ministros o altos funcionarios del Gobierno, en comisiones o en plenarias por parte de senadores costeños. Tampoco hay tramitadas leyes trascendentales para la Región Caribe, que no sea para enaltecer a una figura del folclor o celebrar el natalicio de un político destacado. Todas ellas importantes –sin duda– pero la grave situación de la Región Caribe exigen compromisos, liderazgos y protagonismos mayores.

“Antes, los políticos de la Costa –me dijo un exsenador liberal con quien hablé sobre el tema del liderazgo regional– actuaban en bancada, no de forma personal como ahora. Antes a la bancada costeña la escuchaban y respetaban. Por eso podíamos elegir cada dos años presidentes de Senado y Cámara. O poníamos al contralor o al procurador. Hoy todo cambió: el Gobierno negocia con cada congresista, uno por uno. Y mientras les dé mermelada, todos quedan contentos”.

Esfuerzos por revivir la figura de la ‘bancada costeña’, como ocurrió a raíz de la crisis por el aumento de las tarifas del gas natural o más recientemente con la originada por el mal servicio que presta Electricaribe, obedecen más a aspiraciones individuales que a genuinos propósitos colectivos, pues la verdad monda y lironda es que cada político costeño quiere llevar agua para su molino. Punto. Y ello facilita la labor del Gobierno, que sabe bien que con una buena dosis de ‘mermelada’ cada congresista costeño queda contento.

Crisis de Electricaribe, una bomba de tiempo

El mal servicio que presta Electricaribe ya colmó la paciencia de los costeños. Aunque la empresa argumenta muchas razones para justificar no solo la mala calidad del servicio, sino el aumento desproporcionado de las tarifas, que alcanzan hasta un 75 por ciento, lo cierto es que la Región Caribe ve comprometida su competitividad, su desarrollo y la atención de servicios vitales para la población –como la salud- por cuenta de los constantes y prolongados apagones. “El mal servicio causa grandes daños”, dijo el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, el viernes en la mesa de trabajo que se llevó a cabo en Barranquilla para buscar soluciones a la crisis. Al encuentro asistieron, entre otros, la alcaldesa, Elsa Noguera; el ministro de Minas, Tomás González; la superintendente de Servicios Públicos, Patricia Duque; y los congresistas, Jaime Amín, Álvaro Ashton, Efraín Cepeda, Jaime Gómez Amín, Luis Eduardo Diazgranados, Martha Villalba, Sara Piedrahita y David Barguil, entre otros. La crisis originada por el mal servicio que presta Electricaribe es una bomba de tiempo. La grave situación no da espera. No se puede seguir justificando el mal servicio por la falta de inversión y la falta de inversión porque el servicio es malo. Debe haber inversión y buen servicio. Punto. Ojalá que la vocería que parece recuperar la bancada costeña en este tema no sea coyuntural y no producto de que los “voticos de Octubre se podrían enredar”. Porque lo peor que podría pasar es meterle politiquería al asunto.

Feria de avales cuestionados

Esta semana la noticia política de Córdoba fue la alianza de los senadores Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, quienes se unieron para respaldar a Edwin Besaile a la Gobernación. Edwin es hermano de Musa y es un próspero empresario y contratista del departamento. Nunca ha ocupado un cargo público. Es un hombre de negocios que llega a la política. “Este aval es el reconocimiento a una persona con vocación de servicio”, dijo Edwin después de recibir el aval del partido de La U de manos de Musa y Ñoño. Se da por descontado que Edwin será gobernador, pues Musa y Ñoño suman más de 300.000 votos. Hace varias semanas, la noticia política de La Guajira fue el aval de Cambio Radical a Oneida Pinto para ser candidata a la Gobernación. Se trata de otro aval con pésima presentación. Punto. La candidata es reconocida como heredera política del exgobernador Kiko Gómez, hoy preso, señalado por su presunta responsabilidad en el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, su esposo, Henry Uztáriz y de Wilfredo Fonseca, escolta de la exfuncionaria. El aval a Pinto enfrentó al senador Arturo Char, dirigente de Cambio Radical en la Costa, con Carlos Galán, quien a la postre renunció a la presidencia del partido. La historia de los “avales cuestionados” se repite en todos los departamentos de la región y evidencia el verdadero interés de los dirigentes políticos: los votos.

Cormagdalena, pelea de pesos pesados

El proyecto para recuperar y mantener la navegabilidad del río Magdalena vale $2.5 billones. Cormagdalena se encargará de administrar esos multimillonarios recursos. La escogencia del director del organismo, que tiene injerencia directa en 13 departamentos y en 128 municipios, tiene enfrentadas a las casas Char y Name. La primera apoya a Carlos Núñez, director (e) y la segunda a José Gregorio Manga. Nadie quiere dar su brazo a torcer, pues lo que está en juego es un cargo vital en materia no sólo política, sino en administración de recursos. El Gobierno –como ha venido ocurriendo desde hace años- prefiere optar por la “fórmula santista” de no pelear con ninguno y dejar que Char y Name se acaben entre sí o lleguen a un acuerdo. Dicho acuerdo, está visto, no llegará. Y si llega tendrá efectos directos y contundentes en las candidaturas a la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y hasta en la composición del nuevo gabinete presidencial. Mientras tanto, Cormagdalena –fundamental para la conectividad nacional- está a la espera que de alguien muy bien preparado asuma el timón.

Muerte de niños wayuu, una tragedia humanitaria

La comunidad wayuu lleva meses denunciado la muerte masiva de sus niños en la Alta Guajira por desnutrición. Las cifras de posibles víctimas son escandalosas: van desde las 14.000 en los últimos años, denunciadas por el líder indígena Javier Rojas Uriana, hasta las 294 precisadas por el presidente Santos, pasando por las 5.000, aportadas por líderes de la comunidad. Hay casi 40.000 niños wayuu en estado de desnutrición. ¡Es una vergüenza, cualquiera sea la cifra! Lo que llama la atención es que esa tragedia no haya despertado la solidaridad de nuestra clase política, que se mantiene indiferente. La razón es simple: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) –una de las entidades encargadas de hacerle frente a la situación- es un fortín burocrático, que a buena parte de los políticos de la Región solo les sirve para incrementar la nómina. Por eso los debates de control político brillan por su ausencia. Los políticos están a la espera –como ocurrió con las tarifas del gas y la crisis de Electricaribe- que la comunidad se levante indignada, para ahí sí “colincharse” y después sacar pecho. Mientras la clase política se preocupa por los avales a los candidatos guajiros, los niños, las mujeres y muchos hombres wayuu, mueren de hambre y sed. Esa es la triste realidad.

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