Análisis Ley del Montes: Songo le dio a Borondongo… 

Como si se tratara del célebre son cubano en el que Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé y Bernabé le pegó a Muchilanga, en Colombia todos los días se abre un nuevo frente de batalla entre miembros del gabinete de Juan Manuel Santos, o entre altos funcionarios del Estado, quienes pretenden dirimir sus diferencias no solo ante los micrófonos de los medios de comunicación –o vía Twitter-, sino con palabras de grueso calibre en contra de su adversario.


Mientras el procurador general, Alejandro Ordóñez, habla del “culiprontismo” del Gobierno al ordenar la suspensión de la aspersión de glifosato en los cultivos de hojas de coca, el fiscal general, Eduardo Montealegre, en entrevista que concedió a Yamid Amat en El Tiempo, califica la llamada Reforma de Equilibrio de Poderes como una verdadera “colcha de retazos” y anuncia que –si es aprobada– la demandará por inconstitucional, lo que generó que el Congreso en pleno saliera a respaldar la iniciativa y cuestionara la intromisión del Fiscal General en sus asuntos internos.


Al choque del Procurador con el Gobierno por cuenta de su “culiprontismo” y al del Fiscal con el  Congreso, se sumó el del vicepresidente, Germán Vargas Lleras, con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por cuenta de la demora de los recursos para continuar con las obras de 4G. “Me cansé con el Ministro de Hacienda”, afirmó el Vicepresidente, mientras Cárdenas le echaba la culpa al responsable de manejar la cuenta de Twitter de Vargas Lleras. Sólo la intervención del presidente Juan Manuel Santos, quien hizo un llamado a “lavar los trapos sucios en casa”, puso fin –por ahora– al segundo asalto entre dos presidenciables del 2018.


Como si semejante coctel no fuera suficiente para producir una enorme jaqueca entre los colombianos –que todos los días asistimos atónitos a semejante espectáculo–, las altas cortes también participan del ‘merequetengue’. El Consejo de Estado falló que “no resulta jurídicamente riguroso, ni respetuoso de las disposiciones del mismo DIH, catalogar sin matices a las agrupaciones guerrilleras, que, como las Farc, toman parte del conflicto armado, como terroristas”. “A pesar –dice el fallo del Consejo de Estado– de que realicen actos terroristas o de que incurran en conductas que puedan suponer la configuración de infracciones al DIH, por las cuales deberán responder individualmente los integrantes de la referida organización armada”.


Semejante decisión causó gran revuelo, no solo porque condiciona el calificativo de terrorista para las Farc –“a pesar de que realicen actos terroristas”–, sino porque desconoce la naturaleza misma de una organización armada de estructura piramidal –como ocurre con cualquier ejército regular o irregular del mundo– en la que los mandos superiores responden por los actos de sus subordinados. No se trata de una responsabilidad “individual”, como sostiene el Consejo de Estado, sino que la misma recae sobre quienes ocupan posiciones de mando, que en el caso de las Farc son los comandantes de frentes o el Secretariado, del que hacen parte los negociadores de La Habana.


La toma de la base militar de Las Delicias, Caquetá, en 1996 –que originó el pronunciamiento del Consejo de Estado– se dio por orden expresa del Secretariado de las Farc. Punto. Por consiguiente sus integrantes también deben responder por ese acto de terror, en el que varios soldados fueron rematados por los guerrilleros, cuando se encontraban en completo estado de indefensión y algunos habían anunciado que se rendirían. La polémica decisión del Consejo de Estado produjo el rechazo generalizado de los colombianos, quienes se resisten a creer que después de ser víctimas por décadas de la acción criminal de las Farc, ya ni siquiera las puedan calificar como terroristas, que es el mismo calificativo que reciben de la comunidad internacional. Los únicos que celebraron el fallo fueron los delegados de las Farc en La Habana.


Y aunque a los colombianos la locuacidad, irresponsabilidad o ligereza de políticos y altos funcionarios cada día les causan menos sorpresa, aún queda espacio para el asombro. Así ocurrió cuando un alto jerarca de la Iglesia Católica, monseñor Juan V. Córdoba, se dejó llevar de la lengua y de forma ligera e irrespetuosa con un sector de la sociedad, afirmó que “no sabemos si alguno de los discípulos de Jesús era ‘mariconcito’. Tampoco si María Magdalena era lesbiana”. Obviamente, que no son esas las palabras, ni la forma, para referirse no solo a la vida de Jesús, máximo referente del mundo católico, sino a la conducta de quienes asumen de una u otra forma su sexualidad. De esta manera, monseñor Córdoba no sólo irrespetó a quienes profesan la religión católica, sino a quienes a diario son rechazados, discriminados o –incluso– maltratados por su condición sexual.


Esa sensación de que –como diría el ex presidente Carlos Lleras Restrepo, abuelo del vicepresidente Vargas Lleras– “el país se descuadernó” se traduce en los demoledores índices de pesimismo que muestran las encuestas –como la de Ipsos-Napoleón Franco–publicada recientemente por Semana, según la cual apenas un 23% de los colombianos cree que el país va por buen camino. Hay una percepción generalizada de desaliento en el país y a ello contribuye –sin duda– el show que todos los días protagonizan quienes, se supone, tienen la cabeza fría, la preparación y la inteligencia suficiente para marcar el derrotero que debemos tomar para superar la actual crisis. Ojalá que Songo, Borondongo, Bernabé y Muchilanga se pongan muy pronto de acuerdo y nos den a los colombianos un parte de tranquilidad.


Vargas Lleras contra Minhacienda

En Germán Vargas Lleras el presidente Juan Manuel Santos encontró al mejor ejecutor de sus programas. Y ello es oro en polvo, en un país donde mover una simple hoja de un despacho público a otro tarda meses y hasta años. Con su particular estilo de mandar, el Vicepresidente se ha encargado de poner a funcionar dos locomotoras fundamentales para el Gobierno: el plan de vivienda y las obras de infraestructura. Al frente de la primera, está no sólo un hombre de absoluta confianza de Vargas Lleras, sino un funcionario muy competente, el ministro Luis Felipe Henao, quien lidera la construcción de 100.000 viviendas gratuitas en 29 departamentos y cuyo costo asciende a los $4.4 billones. En el Programa de Vivienda Gratuita en los departamentos de la Región Caribe se construyen en la actualidad 36.118 viviendas. A la cabeza de Infraestructura está la ministra Natalia Abello, y allí están proyectadas grandes obras, como el puente Pumarejo y las vías de 4G. Pero para todo ello se requiere plata. Y plata es lo que no hay. O mejor: la poca que hay la maneja de forma discrecional el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Mientras el Vicepresidente quiere plata para seguir haciendo obras –que es su compromiso con Santos- al Ministro de Hacienda le toca administrar la chequera. Y aunque el viernes firmaron la pipa de la paz –por mandato presidencial- todo hace prever que en el futuro cercano habrá nuevos choques entre estos dos presidenciables.

El fiscal Montealegre contra el Congreso

El fiscal Eduardo Montealegre no se caracteriza por su prudencia y buen tino. Todo lo contrario, sacrifica un mundo por un titular de prensa. Su locuacidad lo mete en más de un lío, pero está visto que eso no le preocupa. Recientemente Yamid Amat le picó la lengua y logró que se despachara contra todos. De Álvaro Uribe dijo que “entregó el Consejo Superior de la Judicatura al Congreso”. Del ministro Cristo afirmó que “pretendía poner de rodillas a la rama jurisdiccional ante el Congreso”. De una eventual Constituyente sostuvo que de ella harían parte “los insurgentes, si hay un acuerdo de paz”. De la suerte de la reforma de Equilibrio de Poderes dijo que –de ser aprobada- la “demandará ante la Corte Constitucional”. De la posible presencia de miembros de la Farc en dicha Constituyente se preguntó, “¿por qué razón sectores que se dicen progresistas le tienen miedo a una Constituyente o critican que las Farc tengan presencia en ella?”. La andanada de Montealegre produjo la reacción inmediata de los congresistas, quienes –todos a una, como en Fuenteovejuna- salieron a exigir respeto por su independencia. Esta semana –cuando se cumpla el séptimo debate de la iniciativa- Fiscal y congresistas volverán a verse las caras.

El Procurador contra el Ministro de Salud

La decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de suspender las aspersiones de glifosato en cultivos de coca -con base en estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acogidos por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria- según los cuales el herbicida produce cáncer, desató la furia del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien vaticinó que dentro de algunos años Colombia será “un mar de coca”. La decisión ya había sido anunciada por el presidente Juan Manuel Santos, luego de conocerse un fallo de la Corte Constitucional, que ordena suspender el uso del herbicida. Ordóñez –al igual que Montealegre- también hace política, es amigo de las expresiones grandilocuentes y gusta de comprar peleas. En la actualidad mantiene un “intercambio de ganchos”, para decirlo en términos boxísticos, con el presidente Santos y el fiscal Montealegre por cuenta de los diálogos de La Habana. Y por cuenta de la suspensión del uso del glifosato, Ordóñez también le enviará un par de jab a la mandíbula al ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien considera que la decisión del Gobierno es la más acertada, pese a que en los últimos años se ha presentado un incremento de los cultivos ilícitos del país en más de un 30 por ciento.

Santos contra Uribe, cada día un nuevo capítulo

La “madre de todas las batallas” que se libran en el país entre altos funcionarios del Estado es la que sostienen desde hace casi cinco años el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor Álvaro Uribe. No hay día en que el actual senador del Centro Democrático no cuestione en duros términos a su ex ministro de Defensa, ya sea en declaraciones a los medios o en su cuenta Twitter. Uribe señala a Santos de “desmoralizar a las Fuerzas Militares, al igualarlas con los terroristas”, de aliarse con el fiscal Montealegre para “perseguir al Centro Democrático”, de fomentar la corrupción en las altas cortes “al nombrar parientes de los magistrados en cargos diplomáticos”, de ofender a muchos colombianos “al pedirle a Estados Unidos que libere a Simón Trinidad”, de derrochar recursos del Estado con la venta de activos, como Isagén. Santos, por su parte, no desaprovecha ocasión para criticar o cuestionar a su mentor político. Así ocurrió por ejemplo cuando Uribe declaró que los diálogos de La Habana podrían prolongarse por mucho tiempo. “Esa propuesta no tiene lógica. Si podemos llegar rápido a los acuerdos, vamos a lograrlo rápido”. Aunque Santos llama a conciliar a Vargas Lleras con Mauricio Cárdenas y a los congresistas con el Fiscal, en su batalla contra Uribe no parece dispuesto a decretar treguas. Al parecer, esos trapos sucios sí prefiere lavarlos en público.

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