Duras críticas al ministro Juan Carlos Pinzón en informe anual de HRW

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Bogotá, 29 de Enero ­_RAM_ La ONG asegura que el proyecto para la reforma del fuero penal militar promueve escenarios de impunidad en Colombia.

En su informe global sobre la situación de derechos humanos en el mundo, Human Rights Watch hace fuertes críticas al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, así como al Gobierno por impulsar reformas que promueven escenarios de “impunidad”. Esto en relación con el proyecto para reformar el fuero penal militar y el marco jurídico para la paz.

En diálogo con Caracol Radio, el director para las Américas de la ONG, José Miguel Vivanco, explicó que “el hecho de que el Gobierno, y en particular el Ministerio de Defensa, esté activamente promoviendo una legislación para reformar y ampliar el fuero penal militar y así llevarse casos de la justicia ordinaria a la militar, debe constituir otro impedimento, otro obstáculo serio”.

En ese sentido, critica que el Departamento de Estado de EE.UU. haya decidido continuar aprobando desembolsos en ayuda para Colombia, a pesar de que sus estándares en derechos humanos exigen que crímenes de esta naturaleza sean procesados exclusivamente por la justicia ordinaria.

Vivanco asegura que en los últimos dos años se produjeron nuevos casos de falsos positivos que están siendo investigados por la fiscalía, y sobre los cuales tienen evidencia varias organizaciones no gubernamentales. “La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía está investigando cinco casos de homicidios atribuidos a agentes del estado, y que ocurrieron entre 2013 y 2014”.

En el informe HRW dice que el Gobierno de Juan Manuel Santos sigue promoviendo la adopción de varios proyectos legislativos que limitarían el juzgamiento de militares de civiles perpetradas por militares, incluyendo las ejecuciones que se conocen como falsos positivos”, dice el informe.

Así mismo, resalta otros temas preocupantes en Colombia, como la violencia perpetrada por las guerrillas, los paramilitares y sus sucesores, el intento de destitución el año pasado del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el desplazamiento interno con todos los problemas actuales para cumplir con los programas de restitución de tierras.

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