Análisis Ley del Montes: Santos reparte zanahoria y garrote

Compartir:

POR: ÓSCAR MONTES – @LEYDELMONTES

Mientras los expresidentes Uribe y Pastrana reciben maltratos del Gobierno desde el momento que asumieron una posición crítica frente a las políticas de Santos, el liberal César Gaviria se acerca nuevamente al presidente.

Mientras los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana reciben malos tratos de parte del gobierno de Juan Manuel Santos, hasta el punto de que los dos han denunciado la precariedad de su seguridad, lo que compromete su integridad y la de su familia, otro exmandatario que se había separado de las filas del santismo –el liberal César Gaviria Trujillo– regresó al redil luego de la posesión de su hijo Simón como nuevo director de Planeación Nacional. Se trata de la edición de un nuevo capítulo de una novela que lleva mucho tiempo escribiéndose por parte de todos los gobernantes: garrote para mis enemigos y zanahoria para mis amigos.

Uribe y Pastrana entraron en desgracia con Santos desde el momento mismo en que asumieron una posición crítica frente a la negociación que el Gobierno adelanta con las Farc en La Habana. El primero de ellos, inclusive, mucho antes, pues se sintió traicionado por Santos pocos días después de que este ganara la Presidencia de la República y anunciara a los cuatro vientos que su nuevo mejor amigo era el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, enemigo declarado de Uribe, por cuenta de sus estrechas relaciones con las Farc. De manera que el garrote que está recibiendo Uribe de parte de Santos no es de ahora.

Andrés Pastrana, en cambio, sí empezó a sentir el rigor del desprecio presidencial en tiempos más recientes, especialmente desde que se distanció del Gobierno por el manejo que el Ejecutivo le dio a la crisis que se desató por la decisión del tribunal de La Haya sobre San Andrés y Providencia y posteriormente por el manejo que le ha dado a la negociación con las Farc en La Habana. Pastrana también salió del llavero de Santos y –al igual que Uribe– hoy tiene rotas sus relaciones con el Jefe del Estado.

Ocurre, sin embargo, que tanto Uribe como Pastrana son los colombianos –después de Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras– con mayores niveles de riesgo del país. Uribe no solo es el mandatario que más golpes le ha propinado a las Farc, sino que ha sido declarado por esa organización guerrillera como “objetivo militar”.

Lo mismo sucede con Pastrana, quien también hace parte de los objetivos militares de la guerrilla, desde que tomó la decisión de romper conversaciones con el grupo guerrillero en tiempos del Caguán. De hecho, hace algunos años fue develado un plan para atentar contra el exmandatario en España, en el que estaban involucrados integrantes de las Farc y ETA.

Es por todas esas razones de seguridad de Uribe y Pastrana que resulta inaudito que el gobierno de Santos no haya adoptado las medidas necesarias para garantizar su integridad física y la de su familia. Uribe, por ejemplo, recibió la orden por parte de altos mandos de la Policía de desalojar su residencia en Bogotá, una casa en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, Cespo, donde paga arriendo, puesto que su nueva condición es la de senador y no la de expresidente.

Obviamente que se trata de una decisión desmedida y torpe por parte de los altos mandos de la Policía, puesto que Uribe por el hecho de ser ahora senador no deja de ser expresidente de la República y sus riesgos de seguridad no desaparecen por sus nuevas funciones.

El hecho puso al Gobierno en el ojo del huracán y hasta voceros oficialistas –como el senador liberal Luis Fernando Velasco– fueron críticos con la medida adoptada: “El expresidente Uribe no está pidiendo un favor. El Estado tiene la obligación de darle las máximas condiciones de seguridad, y si eso implica que él deba estar en una escuela de Policía de Bogotá, eso es lo lógico y es una tontería que se abra ese debate”.

El garrotazo al expresidente opositor Andrés Pastrana también tuvo que ver con su seguridad. En efecto, los mandos de la Policía decidieron hacer cambios en la composición de su cuerpo de protección, lo que llevó al exmandatario a considerar la salida del país, pues con la decisión gubernamental vio comprometida su integridad y la de su familia. La denuncia de la situación por parte del expresidente en su cuenta de Twitter habría llevado al Gobierno a reconsiderar la medida inicial y a restablecer su esquema de seguridad.

Aunque Uribe y Pastrana sean hoy opositores de Santos, la obligación del Gobierno es garantizar su integridad y su vida –así como la de todos los colombianos– y por ello resulta inadmisible el asunto de su seguridad haya sido manejo sin el rigor que amerita la grave situación que se presentó con los dos exmandatarios.

Pero así como Santos reparte garrote a sus opositores, reparte zanahoria entre sus aliados políticos y en su gabinete. El expresidente Gaviria, quien se había distanciado del Gobierno por cuenta del ‘conejo’ de Santos a su candidato a la Contraloría General, volvió al redil con la posesión de su hijo Simón como nuevo director de Planeación Nacional, un cargo eminentemente técnico que lo lleva a las grandes ligas de la administración del Estado y lo pone en el partidor de los presidenciables de 2018.

En lo que tiene que ver con la conformación de su gabinete, Santos dio muestras de su talante liberal al designar en las carteras de Comercio Exterior y Educación a Cecilia Álvarez y Gina Parody, quienes esta semana hablaron abierta y valientemente de su condición de pareja.

Al tiempo que exigían respeto por su privacidad, las ministras dejaron en claro que no solo fueron designadas por sus calidades y cualidades profesionales, sino que también deben ser juzgadas por los resultados de su gestión.

“Doy gracias al presidente porque nunca se metió en el tema personal de nosotras”, declaró Álvarez a Yolanda Ruiz y María Elvira Samper de RCN la Radio, quienes le preguntaron por su relación afectiva con la ministra de Educación y las razones de su nombramiento.

1b_uribe_y_pastrana

Seguridad de Uribe, un asunto de Estado

La seguridad del expresidente Álvaro Uribe va mucho más allá de la malquerencia del gobierno de turno. Es un asunto de Estado. Punto. Se trata del colombiano más amenazado por las Farc, que lo declaró “objetivo militar”. Su integridad y la de su familia deben ser garantizadas por el Gobierno, algunos de cuyos funcionarios no pueden asumir posiciones irresponsables y mezquinas, amparados en el hecho de que el exmandatario sea hoy por hoy el mayor crítico del presidente Santos.

Su condición de senador no le borra su pasado como presidente de la República, como pretendió mostrarlo la Dirección de la Policía, cuando tomó la decisión de ordenarle desalojar su residencia en Bogotá, donde habita única y exclusivamente por razones de seguridad.

El costo político que pagaría el presidente Santos por una acción criminal contra Uribe sería monumental y por esa razón haría muy bien el mandatario en apersonarse de la situación de quien fuera durante muchos años su jefe inmediato. Las actuales diferencias políticas existentes entre Santos y Uribe –profundas, sin duda– no pueden llegar a comprometer la integridad y seguridad del exmandatario, cuyo traslado de residencia podría incrementar sus niveles de riesgo.

Su permanencia en una unidad policial de Bogotá no puede verse bajo la óptica simplista de lo que significa para la institución en términos de costos económicos. El Gobierno debe escuchar y atender con prontitud las múltiples voces y reclamos –no solo de la oposición– que exigen no desmejorar las condiciones de seguridad del expresidente Uribe.

Un gobierno incluyente y liberal

El concepto moderno de democracia va mucho más allá de la definición tradicional, según la cual se trata del ‘gobierno de las mayorías’, pues de lo que se trata hoy en día es de fomentar una democracia más incluyente y participativa que se sustente –fundamentalmente– en “el respeto de las minorías”. La imposición de la voluntad de las mayorías, sin considerar la voluntad y las ideas de las minorías es –por supuesto– una visión antidemocrática de la administración del Estado.

El respeto por las minorías es el soporte de los sistemas democráticos modernos. La designación de Cecilia Álvarez en Comercio Exterior y Gina Parody en Educación –quienes reconocieron abierta y valientemente su condición de pareja– es, sin duda, un mensaje contundente del talante liberal del presidente Santos.

Razón tiene la ministra Álvarez al exigirles a sus críticos que las juzguen por sus resultados y no por su orientación sexual, como ocurre con las parejas heterosexuales. El tema de fondo tiene que ver con los resultados en su gestión como ministras y no de preferencias sexuales, que hace parte de su esfera íntima.

La decisión de la Corte Constitucional de permitir la adopción a parejas de matrimonios igualitarios también apunta en esa dirección y habla de un Estado mucho más incluyente y pluralista, propio de los tiempos modernos, que uno retrógrado, aferrado a principios discriminatorios que atentan contra el derecho de las minorías.

Gaviria volvió al redil santista

Cuando se pensaba que César Gaviria sería objeto de garrotazos por parte de Juan Manuel Santos, el expresidente liberal volvió a las huestes oficialistas de las que se había separado por cuenta de que el presidente no respaldó a su candidato a la Contraloría General de la República. Gaviria no solo mostró su inconformidad en privado con Santos, sino que se ‘despachó’ contra él en varias declaraciones a medios de comunicación.

La verdad es que Gaviria se siente maltratado por el presidente, pues aspiraba a tener una mayor representación en el gabinete, como ocurrió con el liberalismo, La U y Cambio Radical, que salieron premiados a la hora de repartir la torta burocrática.

De hecho, la única ficha gavirista del nuevo gobierno es Simón Gaviria, hijo del expresidente, quien se acaba de posesionar como nuevo director de Planeación Nacional, cargo al que llegó después de haber expresado su deseo de ser nombrado ministro de Hacienda y de no haber considerado el ofrecimiento del presidente de designarlo ministro de Comercio Exterior. La posesión de Simón les permitió a Santos y Gaviria aclarar malos entendidos y ‘fumar la pipa de la paz’, gesto que dejó tranquilos a ambos.

No obstante, gaviristas consumados con quienes hablé sobre las relaciones del expresidente con el mandatario me dicen que la zanahoria ofrecida por el Gobierno no es suficiente para calmar el malestar de Gaviria Trujillo. ¿Será que el expresidente asume el riesgo y se expone a recibir garrotazos santistas, como acontece con Uribe y Pastrana?

Pastrana, ¿paga el precio de ser opositor?

Al igual que Álvaro Uribe, Andrés Pastrana es otro exmandatario declarado “objetivo militar” por las Farc. Es decir: existe contra él una orden por parte de los comandantes del grupo guerrillero de atentar contra su vida, pues no le perdonan haberse levantado de la mesa del Caguán y haber develado ante el mundo su condición de ‘cartel narcotraficante’. Organismos internacionales, asociados con autoridades colombianos, dejaron en evidencia hace algunos años un plan criminal para atentar contra su vida por parte de las Farc en momentos en que el expresidente se encontraba en España. Desmejorar sus condiciones de seguridad –como estuvo a punto de ocurrir esta semana– es incrementar sus niveles de riesgo.

Al igual que Uribe, a Pastrana algunos funcionarios del Gobierno no pueden pretender cobrarle su condición de opositor disminuyendo sus condiciones de seguridad. Por fortuna, la reacción del Gobierno en el caso de Pastrana –de restablecer su esquema de seguridad– le permitió al expresidente en Twitter informar que su salida del país se daba por “razones personales”. Sea como fuere, las alarmas ya están encendidas y las autoridades están notificadas del riesgo que implica modificar el esquema de seguridad del expresidente.

Compartir: